La jueza de Garantía de Arica, Ana Sepúlveda, resolvió dejar en libertad a los 10 imputados del caso investigado, entre ellos funcionarios de la Seremi, un trabajador de la Dirección de Obras Municipales y consultores externos. La magistrada acogió los argumentos de la Defensoría Penal Pública, liderada por el abogado Rodrigo Torres, al considerar que no existía evidencia clara de su participación en los hechos denunciados.
El Ministerio Público había desistido de pedir prisión preventiva para dos de los acusados, solicitando solo medidas cautelares menores. Finalmente, todos los detenidos —capturados en un operativo que movilizó a 100 efectivos de la PDI— quedaron con firma mensual e impedimento de salir del país, decisión celebrada por familiares y amigos en la sala del tribunal.
