El Primer Tribunal Ambiental llevó a cabo una nueva audiencia para revisar la medida cautelar que mantiene suspendidas las operaciones de Quiborax S.A. en el Salar de Surire, en medio de una demanda por presunto daño ambiental presentada por el Consejo de Defensa del Estado.
Actualmente, la empresa solo tiene permitido realizar labores específicas como nivelación y retiro de material previamente acopiado para su traslado a Planta El Águila. Sin embargo, solicitó al tribunal un alzamiento parcial de la medida, con el fin de retomar de forma limitada la extracción de mineral en zonas definidas del salar.
Durante la audiencia, las partes expusieron sus argumentos. Desde la defensa de la empresa, el abogado Mario Galindo enfatizó el impacto económico que ha significado la paralización, advirtiendo incluso un posible escenario de liquidación. Aseguró además que las operaciones propuestas se basan en prácticas previamente ejecutadas y fiscalizadas, descartando efectos negativos sobre la fauna protegida.
La propuesta de Quiborax contempla un régimen acotado de explotación entre mayo y diciembre, en un total de 12 áreas específicas, manteniendo controles y condiciones similares a las ya aplicadas anteriormente.
Por otro lado, representantes de comunidades cercanas al salar también participaron en la audiencia. El abogado Hugo Botto señaló que la situación ha generado consecuencias económicas, sociales y culturales en los habitantes del sector, afectando la vida comunitaria y las dinámicas tradicionales de subsistencia.
En la misma línea, el abogado de los trabajadores de la empresa, Gastón Padilla, respaldó la solicitud de flexibilización, destacando el impacto que la paralización ha tenido en las familias vinculadas a la actividad minera.
En contraste, el Consejo de Defensa del Estado manifestó su rechazo al levantamiento parcial de la medida, advirtiendo que cualquier actividad extractiva podría afectar el equilibrio del ecosistema del salar en su totalidad, incluyendo especies como los flamencos y sus procesos reproductivos.
El abogado del organismo, Agustín Tello, argumentó que el ecosistema no puede ser dividido en zonas independientes, ya que los impactos ambientales pueden extenderse más allá de los sectores intervenidos. Además, cuestionó que la solicitud de la empresa se base principalmente en su situación financiera y no en nuevos antecedentes científicos que justifiquen modificar la medida vigente.
También se destacó que la propuesta actual amplía las condiciones previamente autorizadas, aumentando tanto el número de áreas de extracción como el periodo de operación, lo que genera dudas sobre sus posibles efectos.
Desde la representación de terceros que apoyan la demanda, se reforzó la necesidad de contar con información técnica sólida antes de considerar cualquier modificación, subrayando que la discusión debe centrarse en criterios ambientales objetivos.
Cabe recordar que la acción judicial iniciada en 2024 busca que la empresa repare los daños provocados en el salar, incluyendo medidas de mitigación y compensación por impactos irreversibles. Según el CDE, la actividad minera habría afectado elementos clave como la estructura del terreno, los flujos de agua, los servicios ecosistémicos y la biodiversidad del lugar.
Desde entonces, el tribunal ha mantenido la suspensión de las faenas como medida preventiva, la cual ha sido revisada en distintas ocasiones sin ser completamente levantada.
Ahora, serán los ministros del tribunal quienes deberán analizar los antecedentes presentados y resolver si corresponde autorizar una reapertura parcial de las operaciones o mantener la restricción vigente en resguardo del ecosistema. ⚖️🌱
