El Juzgado de Familia de Arica acogió la medida de protección presentada por el Programa Mi abogado y le ordenó al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) la intervención voluntaria de los 38 alumnos de quinto año que recibieron una charla sobre sexualidad no acorde a su rango etario.
En el fallo, la magistrada Renée Portilla Maluenda estableció que la actividad cuestionada vulneró los derechos de los estudiantes, al incluir en una charla de carácter educativa sobre higiene y autocuidado, una encuesta sobre educación sexual.
